El Gobierno de Vladímir Putin ha aprobado un decreto que elimina las compensaciones económicas a ciudadanos y empresas rusas por el uso de patentes propiedad de titulares de los estados incluidos en su lista de «países hostiles». Esto significa que en Rusia se podrán explotar patentes, aunque no les pertenezcan, sin riesgo a ningún tipo de sanción y sin tener que abonar ninguna compensación económica a sus legítimos propietarios. Esta decisión de Rusia se toma en respuesta a las sanciones económicas impuestas por los países occidentales con motivo de la invasión rusa de Ucrania.
Entre los países hostiles de la lista de Rusia se encuentra España junto con el resto de los países de la UE, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y la tradicionalmente neutral Suiza, entre otros.
Desde 2015 a 2020, según datos de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), hay en Rusia un total de 56.732 patentes de origen estadounidense, 29.671 patentes alemanas, 13.925 francesas, 21.862 patentes de origen japonés, 6.246 cuyo origen es Reino Unido, así como 1.895 patentes de origen español.
Por el momento, este decreto sólo perjudica a las patentes y no afecta al uso de marcas de productos y servicios, a la espera de una posible modificación del decreto ruso. Así pues, esta decisión no afecta a las compañías de primer nivel mundial como McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks, o las españolas Zara y Mango, que tomaron la decisión de suspender sus negocios y cerrar establecimientos temporalmente en Rusia.
Por su lado, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) ha acordado suspender las acciones de colaboración con la oficina homóloga rusa, el Servicio de la Federación Rusa de la Propiedad Intelectual (Rospatent), y también con la Organización Euroasiática de Patentes (EAPO), a causa del conflicto en Ucrania. Además, la EUIPO ha ofrecido su apoyo a los titulares y solicitantes ucranianos de la Oficina protegiendo sus derechos mientras continúe la invasión emitiendo una prórroga de un mes en los plazos a partir del comienzo de la agresión militar y revisará la necesidad de prórrogas y medidas adicionales si se considera oportuno.