La «Joyería de Córdoba» se ha convertido en la primera denominación española registrada como Indicación Geográfica de Productos Artesanales e Industriales (IGAI) de la Unión Europea, obteniendo protección inmediata y automática en los 27 Estados miembros.
Este nuevo sistema europeo, gestionado por la EUIPO y operativo desde el 1 de diciembre de 2025, extiende a los productos artesanales e industriales una protección similar a la ya existente para las indicaciones geográficas agrícolas. Su objetivo es proteger aquellos productos cuya calidad, reputación u otras características están estrechamente vinculadas a su origen geográfico.
El registro concede a los productores de «Joyería de Córdoba» un derecho colectivo de propiedad industrial, permitiéndoles actuar frente al uso indebido, la imitación y las prácticas comerciales engañosas, incluidas las realizadas a través de plataformas de comercio electrónico. Solo podrán utilizar la denominación los productores establecidos en Córdoba que cumplan el correspondiente pliego de condiciones.
La protección comprende anillos, pulseras, collares, pendientes y otras piezas elaboradas en oro, plata o platino. Además, todas las fases de producción y envasado deben desarrollarse dentro del término municipal de Córdoba, garantizando así la autenticidad de las piezas y su vinculación con el territorio.
La joyería cordobesa cuenta con más de mil años de tradición, con técnicas de filigrana documentadas desde el Califato de Córdoba en el siglo X. Actualmente, la ciudad mantiene una importante comunidad de artesanos, diseñadores y fabricantes y alberga el Parque Joyero de Córdoba, el mayor complejo empresarial especializado en joyería de Europa.
La «Joyería de Córdoba» abre así el camino en España a una nueva modalidad de protección que puede resultar especialmente relevante para sectores tradicionales como textiles, cerámica, vidrio, madera, piedra, mobiliario, instrumentos musicales o cuchillería. Desde la puesta en marcha del sistema, la EUIPO ha recibido 81 solicitudes procedentes de siete Estados miembros.
Además de combatir las imitaciones, estas indicaciones permiten a los consumidores identificar mejor el origen y autenticidad de los productos y pueden contribuir a reforzar las economías locales, la conservación del saber hacer tradicional y el turismo asociado al patrimonio artesanal.
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